Victorino Hernández Infante y Rocío Loaeza, quienes públicamente se pronunciaron en contra de la reforma impulsada por el gobierno de la 4T para el Poder Judicial, ahora figuran como aspirantes a magistraturas civiles. Ambos son esposos y buscan un cargo en medio de los cuestionamientos sobre si la iniciativa realmente combatirá prácticas como el nepotismo o la corrupción.
En la columna Plaza Central del diario Basta, el periodista Fermín Sánchez señaló que la pareja tendría altas probabilidades de acceder a una magistratura, gracias a su relación con Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Victorino Hernández es sobrino de Indalfer Infante Gonzales, exconsejero de la Judicatura Federal y magistrado electoral federal, lo que refuerza su cercanía con círculos de poder judicial.
“¿Y entonces esta Reforma no termina ni siquiera con el nepotismo?- y se dicen fuertes para ser magistrados civiles, por estar apoyados por la actual presidenta de la SCJN. ¿Sabrán esto quienes operarán la elección en Edomex: el IEEM, el INE y también la Maestra Delfina Gómez y el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte?”, expresó Sánchez en su columna.
Loaeza González actualmente ocupa el cargo de Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México. En esa misma ciudad, su esposo Victorino Hernández Infante se desempeña como magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Ambos se opusieron previamente a la reforma promovida por la administración federal.
Dentro del proceso de elección de 2025, Hernández Infante fue seleccionado entre los magistrados federales cuyas posiciones serán sometidas a votación popular. Además, ha sido vinculado con resoluciones judiciales favorables a intereses afines a la 4T y se le relaciona con el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
El primero de junio próximo se llevará a cabo la elección para diversos puestos dentro del Poder Judicial, incluyendo nueve espacios en la SCJN; cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; dos más en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 en sus salas regionales; 464 magistraturas de circuito y 386 cargos de jueces de distrito.
Un total de 3 mil 422 personas compiten por los puestos de jueces, magistrados y ministros. El proceso electoral está enmarcado por las promesas de erradicar las redes de corrupción y nepotismo que se atribuyen al actual sistema judicial.
