Ciudadanos presentaron una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para reactivar la investigación contra Sergio Montaño Fernández, quien se desempeñó como Oficial Mayor en la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Lo acusan de haber participado en irregularidades vinculadas a contratos de concesión para penales federales durante la administración de Genaro García Luna.
La petición ocurre a pesar de que un tribunal federal determinó el cierre del caso contra 16 ex funcionarios del sistema penitenciario, al considerar que los delitos habían prescrito. Sin embargo, los promoventes argumentan que el proceso penal contra García Luna continúa vigente, y por tanto, también deberían revisarse las posibles responsabilidades de Montaño Fernández, quien, según la denuncia, habría contribuido a un sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en la edificación y operación de ocho cárceles de alta seguridad.
La denuncia enfatiza que Montaño, junto con otros funcionarios, firmó contratos con empresas privadas —entre ellas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco— entre 2010 y 2011. Estos convenios, estimados en cerca de 270 mil millones de pesos, permitieron el desarrollo de infraestructura penitenciaria con capacidad para 20 mil internos.
Además de Montaño, los nombres que figuran en la solicitud de revisión incluyen a Arturo Sosa Viderique, entonces director de Administración; y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones. También se mencionan a Miguel Vital Hernández, Alma Delia Sánchez Ocampo, Raúl Gerardo Lemus Soto, María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
La denuncia también se refiere a otros ex servidores públicos que habrían participado en convenios modificatorios durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En total, se habrían firmado 76 adendos a los contratos originales.
Entre quienes ya quedaron fuera de toda imputación por resolución firme están el general Sergio Alberto Martínez Castuera, el general Salvador Camacho Aguirre, Celina Oseguera Parra, Paulo Uribe Arriaga, Óscar Moreno Villatoro, Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
Los denunciantes piden a la FGR que explore si existen delitos que aún puedan ser perseguidos legalmente, con el objetivo de evitar la impunidad y esclarecer el posible involucramiento de Montaño Fernández en la estructura criminal liderada por García Luna, quien fue sentenciado a casi 39 años de prisión en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.
Hasta ahora, la fiscalía no ha emitido comentarios públicos sobre la petición.
