En 2016 fue acusado por presunto de tráfico de influencias; hoy, Armando Hernández Cruz pretende llegar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Desde noviembre de 2024, Hernández Cruz ocupa el cargo de coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de ser profesor de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); ahora busca integrarse al TEPJF.
Mientras encabezaba el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) como Magistrado Presidente, Armando Hernández fue acusado en 2016 por Ana Juana Ángeles Valencia, diputada de Morena en la Asamblea Legislativa capitalina, de haber incurrido en tráfico de influencias para obtener beneficios económicos.
Con el respaldo de su cargo y el vínculo con Omar Hernández Cruz, entonces asesor “A” de la Contraloría del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Hernández habría actuado en beneficio propio, según lo dicho por la legisladora.
Omar Hernández, al ser asesor en el IEDF, no podía ejercer como litigante, aunque representó legalmente un caso relacionado con la elección del 7 de junio de 2015, según explicó Ángeles Valencia.
Eunice Sierra Ocampo, ex candidata del Partido Humanista, presentó el 9 de mayo de 2016 una denuncia por acoso sexual contra Omar Hernández, y de ahí, según señaló la legisladora, se desprendió una denuncia adicional contra Armando Hernández.
El impedimento legal de Omar para ejercer como abogado, debido a su función dentro del IEDF, no fue conocido por Sierra Ocampo cuando siguió la recomendación de Armando Hernández, su asesor de tesis, de contratarlo para impugnar los resultados de una elección.
Al observar que el magistrado recomendó a su hermano pese a conocer su impedimento legal, Ángeles Valencia exigió revisar si existía una relación profesional entre ambos a través del despacho, así como si hubo otros procesos electorales tramitados de ese modo.
El delito de tráfico de influencias, conforme al artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, podía configurarse en este caso, según lo enfatizó la diputada.
La preocupación por la falta de apertura en la difusión de su trayectoria curricular y de sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses fue expresada por INCIDE Social en 2017, cuando se desarrollaba el proceso para elegir a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y en el que participaba Armando Hernández Cruz.
La obligación de publicar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses fue impugnada por Armando Hernández Cruz ante la Suprema Corte de Justicia en junio de 2016, cuando era titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, según indica la organización.
