Laboratorios Pisa, una de las farmacéuticas con mayor presencia en las adquisiciones públicas del sector salud, vuelve a estar bajo el escrutinio de las autoridades. La firma fue una de las mayores beneficiarias de una megacompra consolidada de medicamentos organizada por Birmex, la cual fue anulada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) el pasado 10 de abril, tras detectarse posibles irregularidades como colusión, manipulación de precios y favoritismo.
De acuerdo con una investigación de Reporte Índigo, la empresa, a través de su filial Productos Hospitalarios S.A. de C.V., obtuvo 38 contratos equivalentes a más del 20% del monto total licitado. Entre ellos, destacan asignaciones por 6,687 millones de pesos para el IMSS y 2,551 millones para IMSS-Bienestar, además de otras adjudicaciones menores. En conjunto, el total adjudicado superaba los 9,500 millones de pesos.
La cancelación del proceso, según la SABG, evitó un posible daño al erario público por más de 13 mil millones de pesos. En su comunicado, la dependencia señaló que ya se iniciaron investigaciones adicionales y se trabaja en reponer el procedimiento. “Esta decisión marca un precedente”, indicó la dependencia, “cuando se trata de salud, cada peso cuenta”.
La investigación periodística también recuerda que Productos Hospitalarios S.A. de C.V. fue señalada como responsable de un brote de la bacteria Klebsiella oxytoca en 2024, que provocó la muerte de 17 menores en hospitales de tres estados del país. Por este hecho, la Cofepris suspendió operaciones de la planta implicada. Aunque no se han determinado responsabilidades penales, el caso permanece abierto.
Pese a estos antecedentes, Pisa ha mantenido una posición dominante en la proveeduría gubernamental. Entre 2013 y 2025, obtuvo contrataciones públicas por un promedio anual de mil 931 millones de pesos. En 2006, la farmacéutica ya había sido sancionada por prácticas monopólicas al elevar artificialmente el precio de la insulina hasta en un 66%.
El caso abre un debate sobre la necesidad de revisar los criterios de participación en las licitaciones públicas, así como los filtros regulatorios que deberían aplicarse a empresas con antecedentes sancionatorios. También plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para implementar procesos de compra más transparentes, sin que se repitan prácticas como la concentración de contratos en un solo proveedor.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha señalado que en las próximas semanas emitirá nuevas directrices para garantizar mayor competencia en las licitaciones. Mientras tanto, el caso Pisa se convierte en un nuevo punto de inflexión en la relación entre salud pública y contrataciones gubernamentales.
